En base a datos oficiales, el 39,3% de los trabajadores son asalariados y el 60,3% son independientes o trabajadores por cuenta propia, es decir, comerciantes, artesanos, obreros y choferes, entre otros.

Bolivia tiene 10,02 millones de habitantes, de los cuales 7,8 millones están en edad de trabajar: 4,6 millones (59,4%) tienen empleo y 3,2 millones (40,6%) están calificados como población económicamente inactiva, de acuerdo con el INE.

El 84% de la población ocupada no cuenta con un empleo digno, y solo 6 de cada 100 jóvenes y 10 de cada 100 mujeres goza de un trabajo de calidad. Estas cifras nos muestran la precariedad laboral en la que vivimos hoy en el país.

La dinámica económica de los últimos tiempos ha promovido en buena medida las actividades y los empleos informales, mientras que aquellas empresas formales, que son las candidatas a generar empleos de calidad, han quedado rezagadas.

La falta de trabajo digno responde a los altos costos de formalización, burocráticos y tributarios, que contribuyen a que muchas unidades productivas permanezcan en la informalidad; al aumento de los costos laborales, que han limitado la contratación de trabajadores bajo esquemas formales; y a las tímidas políticas públicas de apoyo efectivo al desarrollo productivo, ya que los emprendimientos se quedan en un esquema de baja productividad e informalidad, sin poder generar empleos de calidad.